México, junto con Turquía y los estados comunistas, sufrió un proceso de secularización intensivo tras la Revolución Mexicana. El 21 de junio de 1926, el capítulo “en materia de culto público y disciplina externa”, mejor conocido como Ley Calles, se adicionó al Código Penal Federal. Para entonces, el Congreso de la Unión estaba completamente a las órdenes de Plutarco Elías Calles, quien buscaba enfrentar de manera abierta el clericalismo de la época.

Debido al aumento de la influencia de las políticas socialistas, después de 1920 muchos de los caudillos de la revolución radicalizaron sus discursos antirreligiosos.

Bajo la bandera de luchar contra el fanatismo, distintos actores buscaron reducir el margen de influencia de la religión. Sin embargo, el problema principal no estribaba en un discurso sobre la religión como dispositivo de enajenación, sino en los intereses económicos y políticos con los que aún contaba el clero mexicano de forma simulada.

De acuerdo con la doctora Patricia Escandón, doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México:

“La contraofensiva estuvo a cargo de organizaciones protofascistas como la llamada Asociación Católica de la Juventud Mexicana, creación del jesuita francés Bernardo Bergöend. En ella, los jóvenes aprendían el desprecio a la democracia y trabajaban por la restauración del poder temporal de la Iglesia, perdido a manos de protestantes, judíos y masones”.

La Ley Calles, el detonante de la Guerra Cristera

Cuando Elías Calles asumió la la primera magistratura del país en 1924, inmediatamente hizo valer al pie de la letra los artículos 3º, 5º, 27º y 130º de la Constitución de 1917, los cuales afectaban directamente a la iglesia católica. Para entonces Calles ya poseía la fama de ser el político más anticlerical.

Para contrarrestar la influencia del catolicismo romano, el gobierno callista inicialmente impulsó movimientos religiosos populares, la integración de grupos protestantes y promovió la creación de la Iglesia católica apostólica mexicana, una facción cismada del papa de Roma. Asimismo, en estados como Veracruz y Tabasco se decretaron leyes que obligaban a los sacerdotes a estar casados, no cobrar por los sacramentos y tener más de 40 años de edad.

Un clima de tensión

Como respuesta a los ataques el 9 de marzo de 1925 surgió la Liga Nacional Defensora de La Libertad Religiosa, una asociación de carácter cívico que exigía “libertad religiosa y todas las libertades que se derivan de ella en el orden social o económico, por los medios adecuados que las circunstancias fueran imponiendo”. Fue con el nacimiento de este grupo que las acciones más violentas comenzaron a surgir.

Con la publicación de la Ley Calles en 1926 entraron en vigor las siguientes condiciones:

  • Registro de iglesia.
  • Suspensión de funciones para clérigos extranjeros.
  • Prohibición de la exteriorización de opiniones políticas para el clero.

En febrero de 1926 Plutarco Elías Calles ya había ordenado la clausura de templos, la expulsión de sacerdotes extranjeros y la represión de expresiones de fe en espacios públicos.

En una situación álgida, el Episcopado mexicano decidió suspender el culto tras la entrada en vigor de la ley. Finalmente, en 1927 inició el acopio de armas para la Guerra Cristera, uno de los enfrentamientos civiles más sangrientos del siglo XX.

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